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Factura electrónica, la obligación de usarla es ya solo cuestión de meses

 

La factura electrónica va a ser obligatoria próximamente

Guipúzcoa y Álava han abierto la espita al obligar a sus empresas a utilizar la factura electrónica en su día a día. En solo unos días, el Consejo de Ministros aprobará la ley que hará lo mismo con el grueso del tejido empresarial español

No hay vuelta atrás. La factura electrónica ha venido para quedarse. Y no como una alternativa a la gestión de las empresas. Sino como la única viable desde el punto de vista legal. El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente en los próximos días la nueva Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, una norma llamada a marcar un punto de inflexión.

¿El motivo? La ley desencadenará profundos cambios en la forma de operar por parte de las empresas en esta materia. Así, una vez que entre en vigor, las compañías con más de 8 millones de euros en ventas al año tendrán que incorporar la factura electrónica a todas sus operaciones con otras empresas antes de 13 meses.

A partir del 1 de enero del 2023 la factura electrónica será obligatoria. La única fórmula legal ante la Agencia Tributaria (AEAT).

El resto de las empresas tendrán algo más de tiempo. Pero no mucho más. En enero del 2025 le llegará el turno al resto de firmas del tejido empresarial español.

Aunque la aprobación de la ley vendrá precedida de un reglamento cuya elaboración matizará algunas cuestiones, lo cierto es que el desembarco de la factura electrónica es irreversible.

Sortear esta exigencia por parte de cualquier empresa será una temeridad. La nueva norma establece multas que parten de 10.000 euros por hacerlo.

Solo con Administraciones Públicas

Hasta la fecha, la obligación de trabajar con factura electrónica solo era extensible a las relaciones con instituciones y entidades públicas. Una imposición que estaba en vigor desde el 2017 y que partía de la trasposición de una directiva comunitaria.

Ahora, el escenario va a cambiar de forma inminente. Y el objetivo de las autoridades es meridianamente claro: acabar con el fraude fiscal y la economía sumergida.

El propio texto del proyecto de ley que se ratificará en unos días es elocuente:

«La promoción del uso de la factura electrónica en operaciones entre empresas y autónomos es una medida para digitalizar las relaciones empresariales, reducir costes de transacción y facilitar la transparencia en el tráfico mercantil. Se trata además de una medida clave para poder atajar de manera eficaz la morosidad en las operaciones comerciales».

Efectivamente, la cruzada de los gobiernos para engordar sus maltrechas arcas públicas no para de sumar países. Noruega, Suiza, Reino Unido, Islandia… Son solo ejemplos de países donde la factura electrónica forma parte del paisaje cotidiano de las empresas.

En España, sin ir más lejos, dos haciendas forales como las de Guipúzcoa y Álava están ejerciendo un papel tractor en este camino.

Más fácil con la ayuda adecuada

La factura electrónica será de hecho obligatoria para todas las transacciones entre empresas a partir del año que viene. Las compañías están acelerando su adaptación a esta nueva realidad, muchas de ellas apoyándose en un software de gestión como el de MN program que ofrece todas las garantías en este terreno.

La argumentación de las Haciendas Forales para defender su postura es muy similar a la que ha planteado España en su proyecto de ley. Pero va un paso más allá. Mucho más allá, en realidad:

«El foco principal del plan (que implementa la factura electrónica obligatoria) es controlar las máquinas registradoras de algunos sectores que manejan el cobro en efectivo y no realizaban un ticket o una factura legal».

 

Y continúan: «El Gobierno Vasco estima que el 90% de los comercios minoristas recurren a estas prácticas para la evasión fiscal. Por ejemplo, en el año 2016 la Diputación de Bizkaia informaba a Hacienda haber descubierto 450 millones de euros correspondientes a fraude fiscal en el año 2015».

De nuevo, la economía sumergida en el foco de todas las miradas.

Una ayuda para digitalizar la empresa

Sea como fuere, esta solución de facturación ofrece una serie de ventajas que de enorme utilidad para el día a día de cualquier empresa. La propia AEAT insiste en ello cuando sus responsables plantean cualquier acción en este ámbito.

Estas serían algunas de estas utilidades:

  • Ahorro de costes.
  • Mejora de la eficiencia.
  • Integración con las aplicaciones de gestión internas de la empresa.
  • Optimización de la tesorería.
  • Obtención de información en tiempo real.
  • Avances en la mejora y control de tiempos.
  • Agilidad en la toma de decisiones.
  • Administración y contabilidad automatizadas.
  • Disminución de costes de los documentos en papel.
  • Control de acciones erróneas.
  • Uso eficaz de los recursos financieros.
  • Flujos de transacciones agilizados.

Un panel de ventajas más que sugerente para clínicas, escuelas infantiles, asesorías, empresas de consultoría, ingenierías, abogados, procuradores, arquitectos

Para cualquier sector, en definitiva, que quiera subirse a un tren de la digitalización del que nadie podrá escaparse. Ya lo dice la ley.

La factura electrónica es cuestión de meses.

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